Nuevo régimen laboral juvenil. ¿Es tan malo como lo pintan (o peor)?

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En los últimos días (desde el jueves 11, para ser más exactos), hemos visto desfilar en redes sociales una serie de hashtags como #LeyPulpin, #AchórateChibolo o #LeyEsclavos18a24. Todo debido a que el Congreso aprobó la “Ley que promueve el acceso a los jóvenes al mercado laboral y a la protección social” (Ley N° 30288).

Foto: La República

Foto: La República

Inmediatamente, las redes sociales reaccionaron, algunos respaldándola, pero la mayoría mostrándose en contra, acusando a la ley de recortar derechos laborales a jóvenes convirtiéndolos, prácticamente, en esclavos de las grandes empresas.

Suena un poco radical, pero no tan alejado de la realidad. En cierto sentido, al menos. ¿Es realmente tan mala la ley que logró unir a nacionalistas, fujimoristas, Pepecista y hasta a algunos apristas? Solo ese milagrito sanmartiniano debería ser suficiente para que aplaudamos la medida. Pero, lamentablemente, no es suficiente.

Fuente: Facebook Gerardo Núñez (vía Ginno Melgar)

Fuente: Facebook Gerardo Núñez (vía Ginno Melgar)

Ya muchos artículos, post y tuits se han escrito sobre los defectos de la ley. Pero pocos se han publicado sobre los beneficios. Con la suspicacia y objetividad que (queremos creer) nos caracteriza, hemos decidido analizar la ley fríamente, dejando de lado las opiniones personales, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.

Empecemos por lo más importante. Hay que leer la ley

Lo primero que hay que tener en cuenta es el ámbito de la ley. Se aplica a jóvenes de 18 a 24 años, con secundaria completa y/o educación superior completa o incompleta, que vayan a incorporarse por primera vez a la planilla como trabajadores, o que se encuentren desocupados al momento de la contratación, entendiéndose como desocupadas, las personas que no hayan estado registradas en planilla durante la menos 90 días consecutivos, previo a la fecha de contratación.

En otras palabras, esta ley te afecta siempre y cuando estés en el rango de edad, te encuentres sin trabajo y nunca hayas estado en planilla. No es retroactiva. Si ya te encuentras trabajando, la empresa no podrá aplicarte este nuevo régimen. Si ya has trabajado en planilla en alguna empresa, no podrán aplicarte este régimen, no importa la empresa a la que postules.

Dicho esto, pasemos a analizar la parte central de la ley, los beneficios vs. los derechos laborales recortados. Empecemos por los “pro”.

La ley, efectivamente, como han explicado sus defensores, y como lo dice el propio título, promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Resumiendo, lo que propone, es incentivar a las empresas para que estas se animen a contratar jóvenes sin experiencia, a cambio de ciertas concesiones, de manera que, en teoría, todos resulten beneficiados. Esas concesiones consisten en la flexibilidad de ciertos derechos laborales: las personas que ingresen bajo este régimen no recibirán CTS, gratificación, asignación familiar, seguro de vida, y sus vacaciones pagadas serán de 15 días por cada año trabajado. De esta manera, la empresa se ve motivada por el “ahorro” para contratar a jóvenes en el rango de edad, pese a que no cuentan con la experiencia que los centros de trabajo suelen requerir.

Pero no solo beneficiaría a las empresas. Los verdaderos interesados son los jóvenes, quienes ahora tendrían mayor oportunidad de acceder a un trabajo formal, mientras terminan sus estudios, y adquieren la experiencia que más tarde se les exigirá para acceder a otras empresas bajo el régimen regular. No es lo mismo empezar trabajando en una empresa formal, en planilla, que en cualquier trabajo informal, barato, a los que los jóvenes hemos estado acostumbrados a ingresar, precisamente para superar la falta de experiencia que no nos permite acceder a un trabajo mejor, y para poder recibir un poco de dinero que nos ayude a costear los estudios.

Porque, seamos sinceros, con o sin ley, la situación laboral de los jóvenes no es precisamente una maravilla. No tengo los porcentajes, pero dudo que sean muchas las personas cuyo primer empleo haya sido uno formal con todos los beneficios de la ley. La mayoría comienza trabajando en un fast-food, en un grifo, en un supermercado, o en algún empleo temporal, con recibos por honorarios, sin CTS, gratificaciones, y a veces, como fue en mi caso, sin vacaciones. Los sueldos, además, suelen ser muy bajos, sobre todo, en comparación a las horas trabajadas (por encima de las 8/48 que exige la ley).

La ley, lo que propone, es aprovechar esa situación para asegurar un mínimo de beneficios a las personas que accedan vía este régimen a su primer empleo: sueldo mínimo, planilla, seguro de salud, subsidio de invalidez, fondo de jubilación, vacaciones y horario de “oficina” (jornada laboral de ocho horas diarias o 48 semanales). Todo esto, vale la pena recalcar, es el mínimo establecido, un piso o una base, desde donde partir, pero cada empresa y trabajador puede negociar beneficios adicionales que no son excluyentes (art. 5). En otras palabras, yo puedo negociar que me paguen más, pero no me pueden pagar menos del sueldo mínimo. Podemos acordar vacaciones de 30 días por año trabajado, pero no me pueden ofrecer menos de 15. Y así sucesivamente. La ley además, es opcional (art. 3). Tanto la empresa puede decidir incorporar o no el régimen, como el postulante al empleo puede optar o no por aceptar que lo incluyan en dicha modalidad.

En resumen, la situación para los jóvenes que ingresen a este régimen no será peor de lo que podría ser actualmente sin la ley, pero si podría ser mejor que la de muchos jóvenes hoy en día.

Otro punto muy importante es el de la capacitación. Según lo establecido en el artículo 20, el Estado subsidiará la capacitación de los jóvenes contratados bajo este régimen, mediante un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta. Esto quiere decir que lo que la empresa gaste en la capacitación de sus empleados bajo esta modalidad, será descontado de sus pagos de Impuesto a la Renta, siempre que no exceda el 2% de su planilla al momento de la declaración. Los beneficiados no solo adquirirían la experiencia necesaria en su campo profesional, sino que recibirían capacitaciones que les permitan mejorar su rendimiento.

El Estado también asumirá el costo del primer año de seguro de salud, para el caso de las micro y pequeñas empresas (art. 21).

Hasta ahí, todo parece bueno, ¿no? Pasemos entonces a los “contras”. Hay dos puntos importantes por los que esta ley ha sido tan criticada: la reducción de derechos y el paso de la teoría a la práctica.

En efecto, como hemos visto, hay una serie de derechos del régimen regular que no se aplican en este nuevo régimen (vale la pena recordar: CTS, gratificaciones, asignación familiar, seguro de vida, vacaciones de 30 días). Y esto no es un hecho menor. La justificación de que actualmente la situación es peor es insuficiente. No se puede institucionalizar la informalidad y eso es, en la práctica, lo que se está haciendo.

Lo que nos lleva al segundo punto. Todo lo que hemos descrito anteriormente suena bien en “teoría”, pero eso no basta para garantizar que “en la práctica”, se cumpla. La informalidad actual, precisamente, se da a pesar de los varios regímenes laborales ya existentes. Es importante señalar también que ya existe un régimen parecido que fomenta la incursión de los jóvenes en etapa de formación profesional al campo laboral. Nos referimos a las Modalidades Formativas Laborales (Ley 28518).

Pero, nuevamente, pese a la existencia de esta y otras modalidades, la informalidad imperante es muy alta, y los jóvenes son los principales perjudicados (70% según ha declarado el ministro Otárola). Esta ley no propone mecanismos de fiscalización que garanticen que no se cometerán abusos ni “sacadas de vuelta a ley”.

Precisamente, una de las preocupaciones que han surgido entre los ciudadanos, se refiere a lo que pueda suceder con los trabajadores una vez que se cumpla el plazo de tres años que establece el régimen, y qué pasaría con las personas mayores de 24 años, ya que podría suceder que las empresas opten por ya no contratar a personas que excedan el rango de edad, para poder mantener solo el nuevo régimen. En este aspecto, felizmente, la ley es clara. Se establece un contrato mínimo de un año (lo cual garantiza cierta estabilidad al trabajador), y no mayor a tres años en la misma empresa. Además, dispone que la cantidad de trabajadores que ingresen bajo este régimen no podrá exceder al 25% de la planilla actual (art. 6).

René Galarreta, de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) expresó en RPP su preocupación al respecto. Pero reveló su desconocimiento de la ley cuando dijo que las personas mayores de 24 años podrían verse perjudicadas, que las empresas podrían despedir gente para seguir contratando bajo la misma modalidad, y que los trabajadores que cumplan el plazo de tres años podrían volver a ser contratados bajo el mismo régimen en otra empresa (lamentablemente, en la web de la radio no está el video completo, pero acá hay otras declaraciones).

No es posible que despidan a personas mayores de 24 años para seguir contratando personas bajo este régimen (ya que no se puede exceder el 25% de la planilla). Tampoco es factible que, una vez culminado el plazo de tres años, y el trabajador pase a otra empresa, esta lo pueda volver a contratar bajo este nuevo régimen por tres años más. La ley, como hemos mencionado al inicio, establece claramente que es aplicable solamente a personas que ingresen POR PRIMERA VEZ a planilla (art. 2), por lo que dicho supuesto, sería ilegal. La norma además dedica un artículo completo (el 9) a la desnaturalización del régimen, y se contempla específicamente la simulación o fraude de la norma.

Pero, como lamentablemente hemos comprobado más de una vez en nuestro país, “hecha la ley, hecha la trampa”. Que no sea permitido por la ley, no garantiza que no vaya a pasar en la realidad, sobre todo, cuando existe tanto desconocimiento de las leyes como se ha evidenciado.

Entonces, la ley no es tan mala, solo que, como oportunamente ha señalado la OIT, no necesariamente garantiza la reducción de la informalidad. Además, la reducción de derechos no debe ser nunca tomado como la mejor opción para facilitar una solución a algún problema. Como señaló Jimena Ledgard en un tuit,

“¿Aceptaríamos que se recorten derechos laborales de las mujeres para zanjar brecha de género en el trabajo formal del país?”

No parece tener mucho sentido.

Decir que no se está recortando derechos ya que en la actualidad no existen, no solo es un error, sino que es mediocre y tendenciosamente impreciso. No existen derechos para muchos jóvenes, precisamente por culpa de la informalidad. Si todas las empresas fueran formales (en un mundo utópico, lo sé), todos los jóvenes podrían gozar de los beneficios del régimen general actual. Entonces, la solución no puede ser nunca formalizar la falta de derechos, o peor aún, institucionalizar la informalidad, por mucho que ofrezca ciertas mejoras y beneficios (que tampoco podemos negar).

Otro punto importante en contra es el tema de la discriminación. ¿Es constitucional una ley que explícitamente hace diferencias entre un sector de la población y el resto? Decretar derechos distintos para cierto grupo en base a una característica específica (en este caso, la edad) no parece serlo. Como bien ha señalado José Alejandro Godoy,

El artículo 103° de la Constitución indica que “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”

Eso, sin contar que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 23, establece que:

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

De nada sirve, además, fomentar la incursión de jóvenes al mercado laboral, si estos no están bien preparados, y esto no se resuelve solamente con experiencia laboral, sino con una educación sólida, de la que lamentablemente no gozamos.

Para mantener la objetividad, hay que terminar diciendo que la medida es temporal (por un plazo de cinco años), lo cual podría ser tan bueno como malo, las normas temporales tienden a volverse permanentes.

En todo caso, la ley no parece ser todo lo terrible y maligna que han señalado algunos, pero tampoco está remotamente cerca de ser perfecta. Hay muchos detalles preocupantes que no son menores. Pero la idea es que cada uno saque sus propias conclusiones. Y eso dependerá del peso que tengan para cada uno de nosotros la posibilidad de acceder a un trabajo formal de manera más factible, o la igualdad de derechos para todos y la búsqueda de una verdadera formalización. Si eres de los que valoran más lo segundo, este jueves hay una marcha convocada por diversos colectivos a las 6 pm en la Plaza San Martín. Si eres de los que prefieren lo primero, quédate tranquilo, porque la ley ya fue promulgada por el Ejecutivo.

Ampliación:

Aquí algunos artículos que podrían resultar útiles e interesantes.

A favor:

Pregunte caballero, nuevo regimen laboral juvenil a sol. Preguntas y respuestas para entender mejor la ley. Escribe Josefina Miro Quesada (Espacio 360)

Requisito: menor de 24 años. Columna de opinión de Patricia del Río (El Comercio)

El baile de los chibolos que sobran. Desde el punto de vista de la economía, escribe Diego Macera

En contra:

Luego de la marcha debatimos, señor Abugattas. Laura Arroyo comenta por qué esta ley merecería nuestra indignación (La Mula)

Clavado a los 24 (chibolo barato vale por dos). Interesante reflexión de Luis Davelouis (blog Gato Por Liebre)

Neutrales (o cerca):

Discusiones Laborales. Escribe José Alejandro Godoy

Administrar la precariedad. Escribe Ricardo Cuenca

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